Este informe se produce en el marco de una serie de documentos de coyuntura realizados por el
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), en los cuales se analizarán los hechos de
mayor incidencia en la política argentina, que pretenden caracterizar el desarrollo de la
contradicción principal en dicho país.
En esta primer parte se desarrollará una descripción de los acontecimientos vinculados al conflicto
en relación a la deuda externa, partiendo de un análisis histórico de la relación entre las deudas y los
estados. Se explicitará la política de gobierno macrista en relación al proceso de valorización
financiera, al endeudamiento y fuga de capitales que emergió de la misma.
Esto permitirá develar la estrategia desestabilizadora de los mercados, sobre todo en el marco del
contexto preelectoral, y de la tensión agudizada sobre la vía a seguir en relación a la deuda con el
FMI. Maniobras del poder financiero, operaciones mediáticas y un «octubre caliente» con
movimientos de calle atraviesan la disputa de fondo y permiten vislumbrar posibles escenarios.
Intentaremos responder las preguntas que planteó la Vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner: «¿Quién regula? ¿Quién conduce? ¿Quién pone las reglas? ¿El mercado y las
corporaciones o el estado y la política?
Escribimos con la pretensión de dejar una herramienta, construida a partir de un método de estudio
de la realidad, que sirva al debate y a la búsqueda de los pueblos de un proyecto de liberación que
alcance a las grandes mayorías.
A lo largo de nuestra historia como país, se disputaron dos proyectos, la continuidad
de las “dos rutas de mayo”: un proyecto de construcción de soberanía nacional
contra uno de subordinación y dependencia de las potencias dominantes. Desde
1810, se constituyeron dos bloques históricos en Argentina, uno liberal con su
programa de “librecambio”, atado a las reglas del mercado, mirando al puerto y a la
imposición de una estructura productiva de monocultivo, no diversificada, asentada
en el mundo de las finanzas; y uno nacional, que incluye la industrialización a partir
del agregado de valor en origen, el desarrollo con inclusión con base en las
garantías de derechos para la clase trabajadora, con perspectiva federal, afirmando
la soberanía política por sobre los intereses extranjeros. Muchos años y grandes
disputas en los que se fue manifestando una y otra vez esta contradicción
insalvable. Así fue que la “Revolución Fusiladora” de 1955, la cual a través del
bombardeo de la Plaza de Mayo y por medio de un Golpe militar, destituyó al
entonces presidente Perón, e inmediatamente decidió el ingreso de Argentina al
Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ingreso que había sido
rechazado por juan Domingo Perón en su segunda presidencia.
Hasta el año 2019 las políticas de gobierno macristas
alimentaron un proceso de valorización financiera, en un
contexto de fuga de capitales, corridas cambiarias y altas
devaluaciones del peso argentino, que lo llevaron a
perder u$s17.000 millones de reservas en el período
entre las elecciones primarias y las generales de 2019.
Pérdidas que sólo fueron frenadas con la imposición de
un fuerte control de cambios, con restricciones y cupos a
la compra de dólares, medidas anunciadas por parte del
ex presidente Mauricio Macri y efectivizadas por Guido
Sandleris, ex titular del BCRA.
¿Cómo sucedió esto? Con su llegada a la presidencia en 2015, y con un país
desendeudado, Macri comenzó a llevar a cabo un proceso de desregulación y
liberalización de los mercados, permitiendo así el ingreso de capitales extranjeros
favorecidos por el Estado: según el BCRA, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al
país entre diciembre de 2015 y 2018, tenían su origen en colocaciones de deuda
y capitales especulativos. Así se desarrolló la fase de ingreso de capitales (2016-
2018) del ciclo de valorización financiera, en el cual el Tesoro Nacional emitió
hasta febrero de 2018 U$S 108.173 millones de deuda (U$S 76.032 millones en
moneda extranjera), convirtiéndose en el mayor emisor de deuda soberana entre
los países emergentes[1].
El principal giro en materia de deuda en el período mencionado fue que el Estado
volvió a emitir sistemáticamente deuda nominada en moneda extranjera y
principalmente bajo ley extranjera: U$S 59.138 millones. Entre los países
emergentes Argentina estuvo primera en el ranking, seguida por Arabia Saudita
con U$S 30.000 millones (casi la mitad) e Indonesia con U$S 20.049 millones (casi
un tercio).[2] Los fondos de inversión que ingresaron al país durante este período
son los que luego causaron las constantes desestabilizaciones en el 2020 y 2021,
presionando, entre otras cosas, sobre la brecha cambiaria. Uno de ellos, quizá el
más conocido, BlackRock, ha sido uno de los grandes ganadores del desastre
pandémico, adquiriendo fortunas millonarias a través de la especulación con la
deuda de países soberanos, laboratorios farmacéuticos y empresas tecnológicas,
sin distinción.
El proceso culminó en una crisis crediticia que llevó a una corrida cambiaria
seguida de devaluación (mayo de 2018) en la que el BCRA perdió U$S 5.000
millones en una semana, momento en el cual Macri anunció que iniciaría las
conversaciones con el FMI, para luego obtener el préstamo más grande en la
historia del organismo: un Stand By por U$S 57.000 millones (de los cuales
finalmente se desembolsaron alrededor de U$S 45.000). Para tomar dimensión, el
desembolso a la Argentina entre 2018 y 2019 fue mayor al desembolso total
realizado por el FMI en el año 2020 (pandemia de por medio) como ayuda
financiera a más de 85 países.
El préstamo del FMI tomado durante la gestión macrista, que colocó a la
Argentina como primer deudor del organismo internacional, constituyó un rescate
a un estado en crisis, producto de la adopción de un conjunto de políticas
económicas que, desde diciembre de 2015, crearon las condiciones para la
irrupción de un nuevo episodio de sobreendeudamiento externo, “bicicleta”
financiera y fuga de capitales.
Este mecanismo de transferencia de riquezas a los sectores concentrados de la
economía, no podía durar para siempre y en 2018, según el informe del BCRA del
14 de mayo, “a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició
una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades
decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un
préstamo récord de USD 44.500 millones” para alimentar, de nuevo, el ciclo
financiero.
Dicha política de sobreendeudamiento externo no mejoró los niveles de reservas
después de 4 años de presidencia macrista, tampoco se usó en inversión social
como la construcción o mantenimiento de los hospitales o escuelas, ni en
inversión productiva tendiente a la generación de puestos de trabajo ya que no
fue utilizado para ampliar infraestructura, capacidad industrial, posibilitar avances
tecnológicos o modernizar el aparato productivo. Entonces ¿dónde fue a parar?
Solo unos pocos se beneficiaron de la liberalización de los mercados y la bicicleta
financiera como consecuencia de esas medidas.
A continuación describimos la sucesión de golpes y contragolpes del gobierno nacional y los actores financieros
especuladores, en términos de proyectos de «Patria» (en color azul) o «FMI» (en amarillo) con la intención de
demostrar con hechos la estrategia desestabilizadora de los mercados. Los hechos que evidencian cierto marco de
acuerdo se describen con color rosado.
El 12 de septiembre las y los argentinos fueron a las urnas en las
elecciones PASO de medio término, dando un mensaje
contundente a la coalición del Frente de Todes en posición de
gobierno. El resultado evidenció el descontento y el malestar
social en el marco de una crisis económica que golpea a la clase
trabajadora, desilusionada ante las expectativas no cumplidas
con las que votó en las presidenciales de 2019.
La carta de Cristina Fernández de Kirchner, publicada el 16 de
septiembre rompió el silencio y marcó el viraje que es necesario
instrumentar como coalición al frente del estado, retomando lo
que ya había dicho en reiteradas ocasiones, como en diciembre
de 2020: “… pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo
queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que
hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre
todo los de los alimentos y tarifas.” Definió así uno de los
principales problemas de la economía “el endeudamiento
vertiginoso con acreedores privados y la vuelta al FMI”.
Mientras se debate, puertas adentro de la coalición del Frente Todes, los
representantes del “Proyecto FMI”: Juntos por el Cambio y los sectores
especuladores, afianzan sus alianzas internacionales. El día 25 de septiembre,
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, se reunió en EE.UU con
el presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y ex-asesor de
Donald Trump, Mauricio Claver-Clarone. “Casualmente”, Claver-Clarone fue el
hombre que reconoció las operaciones para que se desembolse el préstamo
del FMI con el objetivo de financiar la campaña de Macri en 2019, como
apuesta de Trump. Larreta suena en la agenda de los medios hegemónicos
como el próximo candidato a presidente en 2023 y por supuesto, como
representante de su proyecto político y económico.
El economista Guillermo Kohan, intelectual representante de los “mercados”,
expresó con claridad el programa que intentan imponer, diametralmente
opuesto al planteado por Cristina, y favoreciendo el escenario de asfixia por la
deuda con el FMI. El día después de las PASO, en una nota para el diario El
Cronista, plantea: “tarde o temprano, hay que tomar decisiones durísimas con
el gasto, con el BCRA, con el dólar y con las tarifas. El ajuste será inexorable
para cerrar con el FMI”.
Así entonces, el debate en torno al acuerdo con el FMI, es quién paga la
deuda. Si el «plan platita» de repartir subsidios a los sectores medios y bajos; o
si la promesa de mejoras para los productores ganaderos y agropecuarios
logrará mejorar los resultados electorales para el Gobierno, es la pregunta que
todos se formulan” , afirmó Kohan en una editorial publicada el 28 de
septiembre de 2021.
La pregunta mejor formulada sería: ¿se recorta por el lado de los bolsillos de la
clase trabajadora o se recortan los privilegios de los sectores financieros,
agroexportadores y energéticos?
El 21 de septiembre, el presidente Fernández, en el marco de la 76ª Asamblea
General Ordinaria de la Organización de Naciones Unidas pedía “un marco
multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media» y
que «la calificación del riesgo crediticio sea parte de la reforma de la estructura
financiera internacional». El presidente y su ministro de economía siguen
intentando dialogar con los actores internacionales, buscando garantías que
permitan principalmente extender los plazos de los vencimientos y reducir
intereses, pero dentro del plan de “honrar la deuda”.
En el medio de esta pulseada, sumada a la presentación del Presupuesto 2022 y
el cruce de declaraciones al respecto, el día 22 de septiembre el Gobierno
enfrentó el primer pago de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI),
por casi u$s 1900 millones, lo que fue cuestionado por un sector interno y por la
militancia, que saca cuentas sobre cuántos Ingresos familiares de emergencia
(IFE) podrían pagarse con lo que se giró hacia Washington. Guzmán volvió a
afirmar públicamente el plan de negociación, a pesar de las críticas: «Enfrentar
ahora este pago al FMI no es que nos guste o no, de hecho no nos gusta, pero es
el sentido de la responsabilidad entendiendo que hay caminos desestabilizantes
y peores. Hoy es el pago de capital de US$ 1.900 millones, que es deuda que
tomó Juntos por el Cambio en 2018″.
El 15 de octubre, Manzur, nuevo jefe de gabinete y Guzmán, ministro de
economía, se reunieron en el consulado argentino de Nueva York con actores
de Wall Street, con el objetivo de “llevar tranquilidad” a los inversores. En la
reunión se hicieron presentes representantes de grandes entidades financieras,
entre ellas, BlackRock, VR Capital, Fintech, Gramercy, GoldenTree, NWI, Redwood,
Invesco, CarVal Investors, PointState, Schroeders, además de analistas de los
bancos de inversión Barclays, Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan. Más
allá de que Manzur explicitó el objetivo de “honrar la deuda” en un “clima cordial
de conversaciones”, parece que la demanda de “un plan creíble” desde el
gobierno argentino no quedó satisfecha en Wall Street.
Después de esta visita a EE.UU., los actores financieros pusieron en juego sus
herramientas de desestabilización, en lo que puede interpretarse como la carrera
preelectoral de los mercados hacia noviembre: el 19 de octubre, el riesgo país
tocaba un máximo de 1652 puntos, superando el último récord de septiembre
2020; los bonos argentinos en Wall Street perforaban el piso de los U$S35 y el
dólar blue aumentaba la brecha cambiaria. La pregunta es ¿qué pasó entre la
“reunión cordial” de Manzur y Guzmán con los fondos y esta reacción violenta del
sector financiero contra el gobierno?
Dos hechos son centrales para comprender dicha reacción desestabilizadora
del poder concentrado. Uno es la capacidad de movilización que demostró el
pueblo argentino en las calles, en el marco del Día de la Lealtad Peronista. Se
realizaron dos convocatorias: el 17 de octubre, encabezada por Madres de Plaza
de Mayo; y el 18, desde la CGT (Confederación General del Trabajo).
Octubre caliente. La disputa entre proyectos se traslada
a la calle. La reacción de los mercados.
El domingo apareció el “no pago a la deuda
del FMI” como una de las consignas centrales,
donde se leían carteles como “Patria o FMI”.
La principal oradora fue Hebe de Bonafini,
presidenta de Madres, quien puso en primer
plano que la urgencia es resolver los niveles
de pobreza del pueblo trabajador, y que lo
que se debate en Argentina es el proyecto de
patria soberana o la dependencia al FMI y al
“poder financiero terrorista”. En la marcha del
lunes 18, también hubo reclamos para
impulsar la investigación respecto al pago de
la deuda, y afirmar el apoyo al gobierno de
Alberto Fernández.
En el otro polo, un proyecto encabezado por la coalición Frente de Todes que,
con las contradicciones propias de un proyecto heterogéneo, lleva adelante el
proyecto político de Patria desde la soberanía política, la independencia
económica y la justicia social, consignas históricas del peronismo.
Hacia el interior de esa alianza gobernante el programa que hoy encabeza
Cristina Fernández de Kirchner pone centralidad en aumentar salarios y
jubilaciones, controlar precios y tarifas, e invertir para recuperar la matriz
productiva industrial, que genere empleo y pueda empezar a resolver el grave
problema del 50% de informalidad laboral y el 40% de pobreza.
En un mundo que se transforma a una velocidad vertiginosa para generar
mayores condiciones de expoliación, las grandes mayorías organizadas de la
clase trabajadora deberán tensionar en favor del proyecto más afín a sus
intereses, con las armas que en la actualidad tienen los pueblos: presencia en las
calles y en todos los ámbitos donde se produzca y reproduzca el sentido popular
y comunitario de la vida en sociedad. En esta disputa existen dos caminos: exigir
la profundización de las políticas populares, recuperar el Estado para el interés de
las grandes mayorías, y hacerlo a través de la organización política y social del
conjunto de los excluidos; o continuar la pérdida de condiciones económicas
mínimas para la vida. ¿No es acaso un sujeto que pedalea horas y horas en un
vehículo de tracción a sangre para ganar un salario paupérrimo, una vuelta a la
esclavitud en pleno capitalismo? ¿Tiene límites la explotación o esos límites
deben imponerse luchando?
Retomar la épica del gran movimiento nacional y popular y de aquellos que
marcan el camino hacia otro mundo posible, como el feminismo y las disidencias,
el ambientalismo que interpela a la juventud y las múltiples e infinitas expresiones
que el pueblo asume para organizarse en torno a sus intereses, es condición
indispensable para construir poder en defensa de las conquistas históricas del
pueblo. Tal como dijo Máximo Kirchner, conductor de la organización política de
La Cámpora: «llegó la hora de encontrarnos, llega la hora de las verdaderas redes
sociales, que es volver a encontrarnos para organizar el barrio».
Recuperar del peronismo el programa de la Comunidad Organizada como
horizonte para contraponer a tanta explotación un conjunto de relaciones
sociales desmercantilizadas, sororas y comunales, “para que reine en el pueblo el
amor y la igualdad”.
Lo que se debate no es un voto, es la contradicción principal que definirá el
destino de la Argentina: “Patria o FMI”.
EL OCTAVO DIA 